miércoles, diciembre 13, 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa contra la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº 252/201 y la confirma por ajustarse a derecho. Las costas procesales se imponen expresamente al Ayuntamiento en cuantía máxima de 600 Euros por todos los conceptos, más el IVA.

El fallo judicial del Contencioso declaraba la nulidad del acto administrativo impugnado, esto es, la resolución del Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa de 5 de febrero de 2015, Don Herminio Cercas, por la que se decidía convocar para provisión, un puesto de personal laboral fijo de Agente de Empleo y Desarrollo Local, AEDL, el cual quedará sin efecto alguno, debiendo darse por terminada la relación laboral en el plazo de un mes desde recibirse la orden de ejecutar esta sentencia.

Sin embargo, en junio de 2016 el nuevo Alcalde del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, Don Antonio Sin, presentó recurso de apelación. Una vez recurrida la sentencia, el puesto ha sido mantenido por la hija del anterior Teniene Alcalde y Responsable de Personal, Don Severino Pastor, más de un año y medio con un considerable gasto para las arcas municipales que se suma a los gastos de abogado y procurador por parte del Ayuntamiento, además de las costas del juicio. Todo ello, a costa de las vecinas y vecinos de Pelayos de la Presa.
Extracto de la sentencia del TSJ.
La sentencia del TSJ es contudente al señalar sobre la convocatoria de 2015 "que no ha quedado probada la existencia de dos requisitos; prueba que incumbía desde luego a la Corporación apelante, dado el carácter extraordinario del proceso que nos ocupa; y ello porque si bien la plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, en algunos años desde el 2001 fue ocupada temporalmente por la adjudicataria, es lo cierto que no lo ha sido de forma ininterrumpida porque en ocasiones fue contratada como “auxiliar administrativo” y en otras ocasiones en calidad de “Agente de Empleo y Desarrollo Local” y en otros años como ambas cosas que no son desde luego lo mismo, según la certificación expedida por el Secretario consistorial y que consta en las actuaciones."

A lo que el TSJ añade: "Tampoco ha acreditado dicha Corporación que la plaza de “Agente de Empleo y Desarrollo Local” estuviera presupuestada con anterioridad al 1 de Enero de 2005, pues de facto, se ha acreditado en el proceso que la contratación de la adjudicataria venía en numerosas ocasiones condicionada por la existencia de subvención de la Comunidad Autónoma, la cual no habría sido necesaria si hubiera estado dotada presupuestariamente."

La sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante el TSJ en el plazo de treinta días mediante el pago de un importe adicional.

El Ayuntamiento debería asumir su responsabilidad y plantearse seriamente si merece la pena alargar el proceso judicial cuando ya son dos sentencias en contra con un considerable gasto económico para las vecinas y vecinos de Pelayos. Por otra parte, esto debería suponer una pérdida de confianza hacia la Secretaría del Ayuntamiento, Doña Pilar Wic, por dar apareciencia de legalidad a todo el proceso y en el que incluso, según los propios magistrados, envío una documentación que contradecía el recurso de la abogacía del Ayuntamiento.

Con todo esto, lo más sorprendente es que el Ayuntamiento ha iniciado un nuevo proceso de concurso oposición para la consolidación de empleo temporal para un puesto de auxiliar administrativo, precisamente la causa señalada por ambas sentencias para rechazar este proceso de selección dado que, según el Tribunal Constitucional: "El procedimiento de consolidación de empleo temporal, es verdaderamente extraordinario, y por lo tanto de imposible interpretación extensiva; ya que no implica en modo alguno que exista una obligación legal de convocar esas plazas ocupadas de manera temporal antes del 1 de enero de 2005".

Por lo que habría que estudiar esta oferta de empleo público y sopesar una denuncia a la corporación en caso de que la convocatoria siguiera adelante, ya que se podría estar incurriendo en un caso de prevaricación administrativa.

Por último, cabe señalar que el mérito de esta sentencia corresponde en su mayor parte a las vecinas y vecinos que se han hecho cargo de los gastos del abogado, a los que he tenido la suerte y el honor de representar y actuar siguiendo sus indicaciones.

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jueves, agosto 24, 2017

Don Mariano García Benito en Telecinco

Mediaset ha bloqueado el video en Youtube. Intentaré resolverlo. Disculpen las molestias. En todo caso, el vídeo se puede ver en el siguiente enlace: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/trabajo-monasterio-Pelayos-Presa_2_1349280037.html

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miércoles, julio 26, 2017

Un paso más hacia el reconocimiento institucional a Don Mariano García Benito

Este es el certificado del acuerdo del pleno que debió ser enviado en 2012 y que por fin, tras la presión ejercida se ha conseguido enviar a la Comunidad de Madrid para que ésta realice un reconocimiento institucional a la figura de Doctor Arquitecto Don Mariano García Benito. Misión cumplida. Seguimos. Ahora toca que el reconocimiento finalmente se haga.

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martes, julio 11, 2017

La Comunidad de Madrid dejó escapar un millón de euros para el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.

El 1% Cultural se genera reservando el 1% de:

•    Los fondos aportados por el Estado en presupuestos de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado.

•    Los presupuestos de obras públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado.

Siempre me quedó la duda de qué pasó realmente con la subvención del 1% Cultural concedida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y confirmada por el Ministerio de Cultura en el año 2012, Como visteis en este artículo la respuesta oficial de la Comunidad fue básicamente los recortes impuestos por la crisis o un cambio de criterio en la selección de proyectos a ejecutar en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento.

Sin embargo, el Diputado Pablo Bustinduy  y el Senador Oscar Guardingo de Ahora Podemos preguntaron  en el Congreso de los Diputados y en el Senado al Gobierno respectivamente sobre el tema a petición mía. Según lo respondido, fue la Comunidad de Madrid la responsable de que se perdiera la subvención al no ejecutar ningún proyecto, teniendo que devolver incluso  la cantidad de 195.245,69 euros que ya había ido avanzada por ya Gobierno del Partido Popular.

Un ejemplo de cómo se han utilizado estos fondos ha sido, por ejemplo la restauración de la muralla de Lorca y otros elementos arquitectónicos dañados tras el terremoto de 2011 o  la restauración de Cubiertas y eliminación de humedades en el Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas. De hecho, el proyecto para el Monasterio de Pelayos ha estado la web de Fomento mucho tiempo hasta que tras la pregunta realizada y al no poder llevarse a cabo ha sido retirado.

Este asunto de la pérdida de 1 millón de euros para consolidar y rehabilitar el Monasterio, hay que ponerlo en el contexto de que Ignacio González era el Presidente de la Comunidad, la cual vendió que fue el Gobierno el que recortó la subvención, mientras diversos Consejeros hacían visitas al Monasterio anunciando proyectos de mucha menor cuantía.

Si desde algunas fuentes se ha indicado que la actual obra de restauración  que está siendo realizada en el conjunto monacal está valorada en 400.00 euros es la más importante realizada hasta la fecha. ¿Qué se podría haber hecho con un millón de euros? Una vez más la Comunidad de Madrid demuestra una enorme incompetencia  y no dudaron en mentir a preguntas de la oposición en la Asamblea de Madrid para esconder lo que parece una pésima gestión en este asunto.


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lunes, mayo 15, 2017

Preguntas al Alcalde de Pelayos de la Presa

De momento, no hay respuesta y se ha sobrepasado el plazo según la Ley de Transparencia. Voy a otorgar una semana más por cortesía. Si no hay respuesta, acudiré de nuevo al Consejo de Transparencia.

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martes, mayo 09, 2017

Homenaje a Don Mariano García Benito en A21

jueves, mayo 04, 2017

Parlamento Europeo estudia la ausencia de cinturones de seguridad en autobuses

Tras haber intentado sin éxito que la empresa CEVESA, la Administración regional de Madrid y el Defensor del Pueblo español tomaran alguna medida para instalar cinturones de seguridad en la línea de autobuses 551, se solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su implicación para modificar la legislación europea que permite que unos viajeros puedan disponer de cinturones de seguridad en unos vehículos y en otros no. En concreto, los matriculados antes de octubre de 2007 “podrán estar equipados con cinturones de seguridad", es decir, para estos casos la instalación de cinturones de seguridad es opcional según la Directiva 2005/40/CEE.

El  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español a través de la Orden 445/2006, incorporó al ordenamiento jurídico español Directivas de la CE, entre ellas las relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los cinturones de seguridad y los sistemas de retención de los vehículos de motor. En virtud de la referida norma, todos los autocares matriculados a partir del 20 de octubre de 2007 están obligados a instalar cinturones de seguridad en todos sus asientos.

La empresa CEVESA cubre la línea 551 entre Madrid y El Tiemblo en la Comunidad de Madrid. A los vehículos matriculados antes de octubre de 2007 no le resulta exigible el equipamiento con cinturones de seguridad o sistema de retención. Tras haber transcurrido, casi 10 años la empresa CEVESA no ha realizado suficientes gestiones en sus autobuses antiguos para colocar los cinturones de seguridad o renovar la flota. Para evitar costes y ante la no obligatoriedad, las empresas optan por no mejorar la seguridad de sus viajeros.

La aplicación de la ley permite que algunos autobuses circulen aún sin esta medida de seguridad y no habría multa por parte de las autoridades de tráfico. Esto parece una inconsistencia y un vacío legal en la legislación europea y española sobre seguridad vial. Más si cabe, en la M-501, también conocida como "carretera de los pantanos" por donde circula está línea de autobuses y donde se vienen reclamando desde hace tiempo mejoras en la vía para garantizar la seguridad de todos los conductores y pasajeros.

Ahora, el Parlamento Europeo estudiará la situación y comunicará por escrito la decisión que se tome. Esperemos que la misma vaya en el sentido de proteger a los usuarios de los autobuses mediante la modificación de la legislación y la aportación de fondos que permitan a las empresas instalar cinturones de seguridad o adquirir nuevos autobuses.



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